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[oscar portela]

LA PRENSA: EL CUARTO PODER Y SUS VACIOS JURÍDICOS

por Oscar Portela


Antecedentes en la Primer Enmienda de la Constitución Norteamericana.


Principios: “Y es que los tribunales de justicia no están para amparar la pretensión de un individuo concreto o de un grupo social y religioso de imponer sus creencias o valores sobre el resto. El mercado de las ideas permite a través de sus mecanismos, para marcar las pautas do-minantes, respetar las minorías y sobre todo lo que es más importante, tratar el hombre como lo que es, un ser humano adulto que tiene la posibilidad de elegir y la capacidad de decidir.

Si la primera se coarta, se restringe o se suprime la segunda no tiene posibilidad de existir, con lo cual el Estado se convertiría en el tutor de una sociedad menor de edad”. Interpretación de la I Enmienda de la Constitución Norteamericana”.


Watergate:

“Un enfrentamiento mayor entre el gobierno y la prensa ocurrió en 1971, cuando el gobierno del presidente Richard Nixon intentó impedir la publicación de documentos sobre la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El proceso conocido como "Los documentos del Pentágono" (oficialmente la querella del New York Times contra el gobierno federal de los Estados Unidos (403 U.S. 713), fue el primero en que el gobierno federal intentó imponer censura previa a los medios importantes de prensa, el New York Times y el Washington Post, alegando que ponían en peligro la seguridad nacional.
Sin embargo, la votación de 6 a 3 del Tribunal Supremo, no permitió el intento del gobierno para reprimir a la prensa, y se procedió con la publicación de los Documentos del Pentágono. Este importante pleito decidido en plena guerra del Vietnam y en el que estaba involucrado el presidente de Estados Unidos y dos importantes medios periodísticos, resultó en una victoria que influyó favorablemente a la prensa en su relación con el gobierno. La afirmación de la Primera Enmienda por el Tribunal Supremo hace tres décadas sigue repercutiendo en la prensa hoy”

Introducción.

El Individuo, el Interés General y el Estado.


Durante el siglo XX se habló desde los círculos de la intelectualidad liberal de lo que significaba la lucha del “individuo contra el Estado”. Los pensadores Europeos que divinizaron la existencia del Estado – y del derecho al servicio de éste – llevaron en el siglo XX a los peores excesos del totalitarismo político.

En principio y desde la creación del Estado Norteamericano se trató – habida cuenta del contexto socio-cultural y económico – de resguardar la seguridad de las personas frente a los excesos de los poderes del Estado.

Las relaciones del Estado y la Religión así lo exigían en un país calvinista y de moral puritana.

Con el tiempo las interpretaciones jurídicas acerca de la Primera Enmienda fueron como puede suponerse cambiando y asimilándose a los tiempos y a los roles sociales que el Estado y el bien común desempeñaban dentro de los códigos morales de una determinada época.

Pero a pesar de transcurridos los siglos el problema sobrevive.

Los intereses de lo que en el siglo XX constituyó lo que se llamó “Razón de Estado, continuaron y continúan colapsando con que lo debería ser el resguardo del bien común de un pueblo-, una comunidad, o un individuo.

El escándalo Watergate fue solo una muestra de lo que los fundadores del Estado Norteamericano previeron. El bien común triunfó sobre la razón de Estado y el presidente de los Estados Unidos se vio obligado a renunciar.

Si embargo el ámbito de los que llamamos desde el punto de vista jurídico Estado se ha ensanchado hoy. Del mismo modo los poderes representados por la prensa comienzan a constituir un enorme y poderosísimo engranaje que empalidece aquella prensa libre – aunque oligopólica – que constantemente jaqueaba al Estado a mediados del siglo XX.

El ejemplo más contundente lo tenemos en el primer imperio mediático creado por sir
Randolph Hearst en la década del treinta en los Estados Unidos quien ejercía la censura desde los medios y no contrario-sensu la opresión del Estado hacia la prensa libre.

El antagonismo entre la creación de lo que hoy participa activamente en la política y en la economía globalizada de nuestra sociedad consiste en la creación de lo que denominamos “mans-medias” por un lado y por el otro el de los poderes del Estado que continua negociando con los intereses del pueblo, encriptados en lo hoy se denomina “archivos secretos de alta confidencialidad".

La pugna entre ambos poderes en los países desarrollados se lleva acabo a través de una información a veces vacía de contenido y que convierte el ámbito de lo privado en una especie de "palier" de lo público.

En la Argentina actual.

En la Argentina los vacíos jurídicos en términos de legislar sobre éste cuarto poder que debe ser respetado, controlado y a la vez gozar de las libertades francas que hacen a la defensa del bien común, son enormes.

Cada vez que un medio lleva a cabo una denuncia contra intereses particulares o empresariales corre el riesgo de ser sancionado por el estado y el manejo que éste realiza de sus relaciones de poder con los medios.

Así sucedió durante los gobiernos de facto pero también durante gobiernos Democráticos en donde la Prensa fue hostigada, castigada, censurada y o clausurada por los medios oficiales, sin recurso alguno de apelación a la defensa de libertad de expresión.

A llegado pues el momento y todo en función de la calidad institucional del funcionamiento de los poderes del Estado de que revisemos los principios que resguardan tanto el interés común - la necesidad del ciudadano de ser informado con objetividad, - imparcialidad y sentido común, respecto a todo aquello que afecte al todo de una comunidad organizada-, como asimismo el respeto hacia las Instituciones del Estado por parte de los mismos medios.

Con seguridad habrá que trabajar duramente en llenar los vacíos jurídicos que permitieron a los medios estar al servicio del Estado o ser impunemente utilizados por éste, en detrimento no solo de la calidad institucional del funcionamiento y de las garantías que debe ofrecer el Estado , sino también evitando que los medios presionen a los organismos el Estado, para de este modo conseguir alianzas económicas que destruyan el nivel que debe jugar un periodismo serio en la investigación y el análisis en una sociedad como la nuestra.

No se debe perder tiempo.

Se habla entonces ya no de la división de tres poderes sobre los cuales pivotea el funcionamiento del Estado, sino el de un cuarto que hace a la formación y educación de la opinión publica y tiene el poder de generar todo tipo de confusión en el intento de constituirse en un poder cada día mayor dentro de lo que denominamos “globalización” económica, cultural del mundo en que vivimos.

Los políticos son concientes de ello. El pueblo también.

Empero se debe poner manos a la obra para buscar la mediación entre el bien general – la información a veces dirigida- y el Estado que no abandona su papel de tutor y gerente en las cuestiones de la veracidad informativa, la cual finalmente determinará las decisiones del pueblo en lo referente a la búsqueda de la justicia en libertad, racionalmente utilizada.

Ya nadie puede ignorar a negar esta realidad que golpea a nuestra sociedad indefensa desde el punto de vista jurídico para encontrar en el ejercicio de un periodismo responsable y no “amarillo”, el soporte de una información que permita tomar decisiones también responsables de conjunto, con respecto al futuro de la Nación, que pertenece al soberano y no al mandante.

Saber a que medios y porqué razones los dineros públicos que deben ser auditados van a unos medios y no a otros, constituye por el momento una de las cuestiones más arduas a resolver jurídicamente. De ello depende en gran medida la salud del pueblo y de la República.

Oscar Portela